La situación del PSdeG-PSOE en Galicia se ha visto seriamente tensionada en los últimos meses tras la aparición de numerosas denuncias por acoso sexual y acoso laboral que afectan a distintos cargos orgánicos e institucionales del partido.
Más allá de los casos concretos, el debate se ha desplazado hacia la gestión interna de las denuncias, las posibles responsabilidades políticas, las acusaciones de encubrimiento y la percepción de una doble vara de medir a la hora de exigir dimisiones.
El PSdeG-PSOE en Galicia ante las denuncias por acoso
Este escenario ha abierto una reflexión más amplia sobre cuestiones de fondo como la presunción de inocencia, el papel de los partidos políticos ante denuncias no judicializadas y los límites entre la responsabilidad ética, política y penal.
Un contexto marcado por la acumulación de denuncias
Las denuncias conocidas en el seno del PSdeG-PSOE no se refieren a un único episodio ni a una sola persona, sino a situaciones diversas que incluyen presunto acoso sexual y conflictos encuadrados como acoso laboral. Algunas de estas denuncias fueron canalizadas a través de los protocolos internos del partido, mientras que otras trascendieron primero al ámbito político y social.
La acumulación de casos ha sido uno de los factores clave que ha amplificado la crisis. Cuando los episodios no se perciben como aislados, la atención pública se desplaza del comportamiento individual hacia la cultura organizativa, la eficacia de los mecanismos de prevención y la voluntad real de actuar con transparencia.
Protocolos internos: existencia frente a aplicación
El PSOE cuenta con protocolos específicos contra el acoso sexual y por razón de sexo, diseñados para proteger a las personas denunciantes, garantizar confidencialidad y activar investigaciones internas. Sin embargo, uno de los principales reproches formulados desde distintos ámbitos es que la existencia de protocolos no siempre se ha traducido en una actuación rápida, clara y visible.
Aquí surge una cuestión central:
¿cuándo debe un partido político actuar de oficio y con qué intensidad, incluso antes de que exista una resolución judicial?
Para algunos sectores, la simple recepción de una denuncia debería implicar medidas cautelares inmediatas. Para otros, cualquier decisión de ese calibre sin hechos probados puede suponer un daño irreparable a la reputación de la persona denunciada.
Dimisiones, exigencias selectivas y percepción de doble rasero
Uno de los aspectos más controvertidos de la crisis ha sido la desigual exigencia de responsabilidades políticas. Mientras en algunos casos se han producido dimisiones o renuncias a cargos, en otros se ha optado por la continuidad, alegando ausencia de pruebas concluyentes o carácter instrumental de las denuncias.
Esta diferencia de criterios ha alimentado la percepción de una doble vara de medir, tanto dentro como fuera del partido. La crítica no se limita a las personas denunciadas, sino que alcanza también a las direcciones orgánicas, a las que se reprocha no haber actuado con el mismo nivel de contundencia en todos los casos.
Desde una óptica política, esta disparidad erosiona la coherencia del discurso público del partido en materia de igualdad y tolerancia cero frente al acoso.
Presunción de inocencia y condena social
El debate más complejo es, probablemente, el que enfrenta la presunción de inocencia con la condena social y política. En el ordenamiento jurídico español, la presunción de inocencia es un derecho fundamental: nadie es culpable hasta que una sentencia firme lo determine.
Sin embargo, la política opera en un plano distinto al judicial. La responsabilidad política no exige los mismos estándares probatorios que la penal, pero tampoco puede desligarse de principios básicos de justicia y proporcionalidad.
Condenar socialmente a una persona sin resolución judicial puede tener consecuencias irreversibles, incluso si posteriormente resulta exonerada. Al mismo tiempo, minimizar o ignorar denuncias puede desincentivar que las víctimas hablen y reforzar dinámicas de silencio.
El difícil equilibrio entre protección y garantías
El reto para cualquier organización política es encontrar un equilibrio razonable entre:
- Proteger a las personas que denuncian posibles situaciones de acoso.
- Garantizar los derechos de defensa y la presunción de inocencia de las personas denunciadas.
- Preservar la credibilidad institucional y la coherencia ética del proyecto político.
Este equilibrio exige procedimientos claros, plazos definidos, comunicación transparente y decisiones proporcionales, evitando tanto el automatismo punitivo como la inacción.
Impacto político y credibilidad pública
La crisis del PSdeG-PSOE en Galicia no se desarrolla en un vacío. Afecta directamente a la confianza de la militancia, a la percepción del electorado y a la autoridad moral del partido para liderar políticas públicas en materia de igualdad, derechos laborales y feminismo.
Cuando la gestión interna entra en contradicción con el discurso externo, el coste político suele ser elevado, especialmente en un contexto de alta sensibilidad social frente a los casos de acoso.
Una crisis que va más allá de los nombres propios
Más allá de los casos concretos, la situación del PSdeG-PSOE plantea preguntas de fondo que trascienden a un solo partido:
- ¿Cómo deben actuar las organizaciones políticas ante denuncias graves no judicializadas?
- ¿Dónde termina la responsabilidad política y empieza el juicio paralelo?
- ¿Es posible aplicar una verdadera tolerancia cero sin vulnerar derechos fundamentales?
Responder a estas cuestiones con rigor, sin simplificaciones ni instrumentalización partidista, será clave no solo para la resolución de la crisis actual, sino para fortalecer la credibilidad democrática de las instituciones políticas.