La Ley 8/2019, de 23 de diciembre, conocida como la Ley de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales en Galicia, ha marcado un antes y un después para las termas gallegas.
Esta normativa pionera regula el uso recreativo de las aguas termales naturales y establece requisitos estrictos para garantizar tanto la sostenibilidad ambiental como la seguridad y salud de los usuarios.
Guía para entender el problema de las aguas termales
Entre sus principales exigencias, la ley obliga a los gestores de las instalaciones a demostrar el origen y la calidad del agua, a mantener estrictos controles sanitarios y a contar con planes de gestión del recurso. Asimismo, deben garantizar la trazabilidad del agua utilizada y cumplir con requisitos de accesibilidad y de prevención de riesgos laborales.
Las consecuencias no han tardado en notarse. Muchas termas que operaban bajo criterios menos exigentes han tenido que cerrar temporalmente o reestructurarse para adaptarse a las nuevas normas.
Algunos balnearios tradicionales, especialmente en Ourense y su provincia, han enfrentado costes significativos para actualizar sus infraestructuras. La obligatoriedad de obtener una autorización específica para el uso lúdico de las aguas ha supuesto un reto adicional para muchas instalaciones.
Por su parte, los ayuntamientos gallegos han tenido un papel clave en este proceso. Algunos han asumido la responsabilidad de gestionar termas públicas y han puesto en marcha planes de adaptación que incluyen inversiones en tecnología, mejoras en el control de calidad y adecuación a las normativas.
A pesar de las dificultades iniciales, la Xunta defiende que esta normativa posicionará a Galicia como un referente en turismo termal seguro y sostenible.
Además, se prevé que el nuevo Plan Termal 2025–2028 complemente estas medidas con inversiones adicionales y estrategias de promoción, consolidando la importancia de las aguas termales como motor económico y turístico.