¿Hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias de la crisis de 2008? – José Antonio Nóvoa, abogado.
Los que salimos al mercado laboral después de la crisis de comienzo del siglo XXI vivimos de primera mano el escenario de una economía que se derrumbó por la avaricia bancaria y las leyes que liberalizaron el suelo, economía en el que el empresario modelo era “El Pocero” y Rodrigo Rato un ejemplo de buena gestión política.
Más allá de lo laboral, en lo financiero, un paradigma de lo vivido fue el Banco Popular. Éste, al igual que los ejemplos mencionados, se presentaba ante el público como uno de los mejores Bancos de España. Y su red comercial se encargó de vender las acciones del propio banco a gentes que nada tenían que ver con el mundo financiero, y normalmente en Galicia a clientes sin estudios y de edad avanzada que procedían del Banco Pastor.
El siete de junio del año 2017 se descubría con estupefacción que aquél banco ejemplo, al igual que el empresario y el político modelo, había hecho mal los deberes y en su contabilidad figuraban desde antes del 2011 como activos sobrevalorados todos los pisitos (que diría Marco Ferreri) que habían ido embargando a las gentes que sufrieron en sus carnes el estallido de la mentira neoliberal en la que vivía España. Y no quedaba ahí la cosa, sino que, en un movimiento de trastienda sin precedentes, Banco Santander adquiría el banco quebrado por sólo un euro, teniendo que hacer únicamente frente a las obligaciones ya devengadas del Popular.
¿Hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias de la crisis de 2008?
Desde entonces, muchos abogados y abogadas hemos venido reclamando las inversiones perdidas con base en solicitar nulidades de compra de acciones o argumentando que el daño a los inversores se generó mucho antes de la resolución antes de cada compra concreta de acciones, en calidad de simples consumidores que nada tenían que ver con un accionista ordinario, y por tanto considerando el daño generado como obligaciones ya devengadas (como así son en realidad). Y los tribunales nos han dado la razón, incluso las audiencias provinciales.
El cinco de mayo de 2022, el TJUE dicta una sentencia insólita que intenta bloquear de nuevo esos intentos de recuperar las inversiones (los tribunales españoles al aplicar la sentencia nos dirán si con éxito), e intenta de nuevo hacer pagar a los ciudadanos – una vez más – las imprudencias y temeridades de la clase política y financiera de aquellos años. Sólo me asaltan dos preguntas: ¿Hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias de la crisis de 2008? ¿Qué ocurriría si uno de los muchos macro-bancos del siglo XXI se declarase en quiebra?
Hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias de la crisis de 2008? – José Antonio Nóvoa, abogado.