Seguro obligatorio y posible impuesto por perros en España.
La convivencia entre humanos y animales en España ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. Con más de 9 millones de perros registrados, según cifras recientes, los ayuntamientos y legisladores buscan equilibrar los derechos y responsabilidades de los propietarios con las demandas sociales de bienestar animal y sostenibilidad económica.
Seguro obligatorio y posible impuesto por perros en España
Entre las iniciativas más destacadas están el seguro obligatorio para perros, introducido por la Ley de Bienestar Animal 7/2023, y el posible impuesto municipal por la tenencia de mascotas, un tema que sigue generando debate.
Seguro obligatorio: una medida nacional
La Ley de Bienestar Animal 7/2023, aprobada a principios de año, establece la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil para todos los propietarios de perros. Este requisito busca garantizar la cobertura de daños materiales y personales que puedan ocasionar los animales, asegurando que las víctimas reciban la debida compensación y que los dueños cumplan con sus responsabilidades legales.
El seguro debe incluir una cobertura mínima, aunque su cuantía exacta varía según las aseguradoras y las condiciones del contrato. Por lo general, las pólizas tienen precios accesibles, con un coste medio de entre 25 y 60 euros anuales para perros que no estén catalogados como potencialmente peligrosos. En el caso de razas consideradas de mayor riesgo, las primas pueden ser más altas.
El posible impuesto municipal por mascotas
Además del seguro obligatorio, en algunos ayuntamientos se plantea la implementación de un impuesto por la tenencia de perros. Esta medida busca generar ingresos para sufragar los costes asociados al bienestar animal, como el mantenimiento de refugios, la limpieza de espacios públicos y las campañas de sensibilización.
Un ejemplo reciente se dio en el Ayuntamiento de Palencia, donde se propuso un impuesto anual para los propietarios de perros. Aunque la iniciativa no obtuvo consenso político, reabrió el debate sobre la justicia de cargar a los dueños con una tasa que podría ayudar a cubrir gastos municipales. De manera similar, el Ayuntamiento de Zamora ya había introducido en 2019 una tasa anual de 9 euros por perro censado.
Los defensores de esta medida argumentan que es una forma de corresponsabilidad económica, ya que los perros generan gastos para los municipios. Sin embargo, los detractores consideran que podría desincentivar la adopción y provocar un aumento en el abandono animal.
Repercusiones sociales y económicas
La combinación de seguro obligatorio e impuestos municipales podría suponer un reto económico para algunas familias, especialmente en un contexto de inflación y aumento del coste de vida. Según asociaciones animalistas, es fundamental acompañar estas medidas con campañas de educación y ayudas para propietarios en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, algunos municipios defienden que estas iniciativas podrían contribuir a mejorar la convivencia y la seguridad en los espacios públicos, al fomentar una tenencia responsable y aumentar los recursos para servicios relacionados con los animales.
Un futuro incierto
Mientras el seguro obligatorio ya es una realidad en todo el territorio nacional, el impuesto por la tenencia de perros dependerá de las decisiones de cada ayuntamiento. En un país con una rica tradición de amor por los animales, el equilibrio entre bienestar, sostenibilidad económica y derechos de los propietarios seguirá siendo un tema de debate.
Por ahora, los dueños de perros deberán adaptarse a las nuevas normativas y estar atentos a los posibles cambios que puedan surgir en el ámbito local.