La objeción de conciencia se celebra cada 15 de mayo como símbolo de resistencia pacífica frente a la guerra y el militarismo.
Un movimiento que ha evolucionado desde la disidencia religiosa hasta convertirse en una defensa activa de los derechos humanos.
El derecho a decir no: Día Internacional de la Objeción de Conciencia
El 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Objeción de Conciencia, una fecha promovida desde 1985 por la Internacional de Resistentes a la Guerra (WRI, por sus siglas en inglés). Este día no solo recuerda a quienes han rechazado el servicio militar por motivos éticos, religiosos o políticos, sino que también reivindica el derecho universal a negarse a participar en actos de violencia institucionalizada.
La objeción de conciencia, en términos jurídicos y morales, es la negativa de una persona a cumplir con una obligación legal que entra en conflicto con sus convicciones íntimas. Su expresión más conocida es la negativa al servicio militar obligatorio, aunque hoy abarca también otros ámbitos como la objeción al aborto, a vacunaciones obligatorias o a determinadas prácticas médicas.
De mártires pacifistas a defensores de derechos humanos
Los orígenes de este movimiento se remontan a las primeras comunidades cristianas, que rechazaban portar armas. En el siglo XX, casos como el de los cuáqueros o los Testigos de Jehová marcaron una evolución ideológica del pacifismo. Con el tiempo, la objeción de conciencia se convirtió en bandera de movimientos antimilitaristas y pacifistas, especialmente durante la guerra de Vietnam.
El reconocimiento legal llegó de forma desigual. Hoy en día, organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconocen este derecho como parte de la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Sin embargo, todavía hay países que lo criminalizan o imponen penas severas a quienes se niegan a alistarse, como ocurre en Corea del Sur, Turquía, Israel o Eritrea.
Colombia, foco de las reivindicaciones en 2025
Este año, la jornada internacional centra su mirada en Colombia, un país donde, a pesar de no existir actualmente reclutamiento obligatorio masivo, sigue habiendo denuncias de detenciones ilegales de jóvenes por parte de las Fuerzas Armadas. Diversas organizaciones denuncian la falta de garantías legales para quienes desean ejercer su derecho a la objeción.
Desde hace más de dos décadas, el movimiento antimilitarista colombiano ha impulsado campañas de educación popular, asesoramiento legal y acompañamiento a objetores. Según datos de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, al menos 150 jóvenes colombianos presentan cada año solicitudes formales de objeción de conciencia.
Campañas internacionales: visibilizar para proteger
Este 15 de mayo, la campaña global #RefuseWar invita a personas de todo el mundo a expresar su apoyo a los objetores mediante mensajes localizados en un mapa interactivo. La iniciativa, promovida por War Resisters’ International, busca dar visibilidad a las historias de quienes han dicho “no” a la guerra, así como presionar a los gobiernos que aún criminalizan esta decisión.
También se están desarrollando actos simbólicos, manifestaciones, proyecciones y debates en ciudades como Berlín, Estambul, Bogotá o Barcelona. Las redes sociales se han convertido en altavoz del movimiento, que reivindica el desarme global, la desmilitarización de la seguridad y el fortalecimiento de vías diplomáticas frente a los conflictos.
Objeción de conciencia hoy: más allá del ejército
Aunque la lucha contra el reclutamiento forzoso sigue siendo el eje central, el concepto de objeción de conciencia ha evolucionado. Hoy, también se debate sobre la resistencia activa a financiar ejércitos con los impuestos (objeción fiscal), el rechazo a participar en industrias bélicas o incluso la negativa a obedecer órdenes militares en conflictos considerados ilegítimos.
En una era marcada por guerras prolongadas, militarización de fronteras y aumento del gasto armamentístico, la objeción de conciencia plantea una alternativa ética: no colaborar con la violencia estructural del Estado.