La Diputación de Ourense no está de acuerdo con el gobierno y así quedó expuesto en la Junta de Gobierno de la entidad provincial.
La pretensión del gobierno central de utilizar el remanente de tesorería que las entidades locales poseen, puso en guardia los ayuntamientos. Estos, sobre todo los que tienen sus cuentas más saneadas, entendían que se les estaba perjudicando.
Entidades como la Diputación de Ourense, solicitó poder hacer uso de ese remanente para ayudas directas.
En la última reunión de la FEMP se suscitó una gran polémica. El acuerdo aprobado para ceder los fondos locales al gobierno fué rechazado por la mayoría de partidos.
Ante esa situación, la Junta de Gobierno de la Diputación realiza la siguiente propuesta:
Peticiones de la Diputación de Ourense
1- Apoyar expresamente el recurso de inconstitucionalidad que eventualmente se presente contra el Real Decreto-ley 27/2020 para defender los intereses de todas las entidades locales y los ahorros del vecindario, en el supuesto de que superara la convalidación parlamentaria en las Cortes Generales del Estado.
2- Rechazar el procedimiento negociador mantenido por el Gobierno de España con el presidente de la FEMP, intentando aparentar un apoyo unánime de las entidades locales al Real Decreto-ley 27/2020 que no existe.
3- Rechazar cualquier medida del Gobierno de España orientada a apropiarse de los ahorros acumulados del vecindario de los ayuntamientos, tanto directamente como suscribiendo préstamos de las entidades locales al Estado para devolverlos a largo plazo.
4- Instar al Gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes les otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos y a que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas que conforman la Junta de Gobierno de la FEMP.
5- Darles traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, los Portavoces de los grupos políticos del Congreso, del Senado y del Parlamento de Galicia y a la junta de gobierno de la FEMP».