Un grupo de activistas ha impedido la celebración de un acto político de Vox en Santiago de Compostela, un episodio que vuelve a situar en el centro de la discusión pública los límites de la libertad de expresión.
La protesta, convocada bajo consignas antifascistas, impidió el normal desarrollo de la convocatoria y reabre un dilema recurrente en el clima político actual. ¿hasta qué punto el bloqueo de la palabra ajena contraviene los propios principios democráticos que se afirman defender?.
La paradoja del boicot político y la libertad de expresión
El boicot a actos públicos de formaciones legales plantea una contradicción de fondo en el discurso antifascista. Cuando un colectivo decide de forma unilateral qué ideas pueden exponerse en el espacio público y cuáles deben ser censuradas, adopta dinámicas de imposición y autoritarismo. Paradójicamente, estas recuerdan a las prácticas que teóricamente combate.
La libertad de reunión y de manifestación son pilares fundamentales de la democracia. Restringirlos mediante la presión de la calle erosiona el marco de convivencia colectiva.
A esta dinámica se suma la evidente banalización del término fascista en el debate público español. En los últimos años, el uso constante de esta etiqueta para descalificar a cualquier rival ideológico ha privado a la palabra de su riguroso significado histórico. Convertida en un insulto arrojadizo, la descalificación simplifica problemas complejos y anula la posibilidad de un debate racional, polarizando a la sociedad en bloques irreconciliables.
Esta situación refleja la profunda polarización de la política en España, donde el enfrentamiento partidista desplaza de forma paulatina al diálogo democrático. La polarización no solo divide a los partidos en las instituciones, sino que traslada la crispación a las calles, crispando la convivencia ciudadana. Proteger el derecho a la palabra, incluso de aquello con lo que se discrepa radicalmente, constituye la verdadera prueba de fuego para la salud de cualquier sistema democrático.