Las subvenciones a autónomos y pequeñas empresas se otorgaron dentro de la legalidad. Esa es la conclusión a la que llega la Abogacía del Estado tras analizar las bases de dichas ayudas.
La Diputación de Ourense, puso en marcha una linea de subvenciones a autónomos y pequeñas empresas de la provincia de Ourense para ayudarles en la crisis del Covid-19.
Una denuncia en la subdelegación del Gobierno, advertía de vulneraciones en la legalidad de dichas ayudas así como su posible filtración a personas afines. Esta denuncia hizo actuar a la Subdelegación del Gobierno en Ourense.
En plena campaña de las elecciones autonómicas en Galicia, la polémica sobre la validez de dichas ayudas suscitó gran tensión entre los beneficiarios de las mismas. Un posible dictamen de «ilegalidad» de las subvenciones hubiese provocado que estas fuesen devueltas a la institución provincial.
La abogacia del Estado concluye que «no hay vulneración de la legislación básica del Estado en las citadas bases«. Tras esta resolución, se archiva la investigación y se da validez al procedimiento de la Diputación de Ourense.
Las subvenciones a autónomos y pequeñas empresas están dentro de la legalidad. En este caso, la justicia respalda la acción política.
Nos hemos acostumbrado a poner en manos del juzgado las decisiones políticas, ¿es necesario?
¿O debería ser una práctica más común?